DETENIDAS CATORCE PERSONAS POR UN FRAUDE EN LA VENTA DE ELECTRICIDAD DE 61 MILLONES

La Operación Ámbar destapa una organización de pequeñas comercializadoras que dejaban de pagar a Red Eléctrica y otros distribuidores.

Llegaron a defraudar 61 millones de euros a Red Eléctrica Española y al resto de distribuidores del mercado eléctrico nacional. La organización criminal que ha desarticulado esta mañana la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había creado una red de empresas instrumentales para comercializar electricidad. Compraban energía sin desembolsar apenas garantías, la vendían a los clientes captados con ofertas y desaparecían sin prestar el servicio. Finalmente, era el resto de empresas las que tenían que atender el servicio. El pago corría a cuenta del sistema eléctrico, es decir, a cuenta del bolsillo de todos los usuarios. Al frente del supuesto grupo criminal estaba Esteban Roig Padrosa, empresario barcelonés conocido por dedicarse a comprar empresas en dificultades. El dinero así defraudado iba a otro entramado empresarial controlado por él. La Operación, denominada Ambar, y coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha saldado hasta el momento con 14 detenciones y siete registros. La organización desarticulada contaba con diez comercializadoras eléctricas las cuáles se encuentran actualmente sin actividad tras haber sido inhabilitadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero en las últimas semanas, los investigadores detectaron que el grupo había creado otras tres para perpetuarse en el fraude. Engaño consumado Ese era el sistema mediante el cual se consumaba el engaño. Los cabecillas de la organización una vez inhabilitadas sustituían esas comercializadoras por otras para generar deuda dentro de sistema eléctrico español. De esa manera dejaron de abonar 61,1 millones de euros a Red Eléctrica Española y el resto de distribuidores de los que se surtían. Los delitos inicialmente imputados a la trama son los de estafa agravada, organización criminal y contra la Hacienda Pública. La organización contaba con tres centros operativos, uno en Barcelona, donde tenía su despacho Roig y su socio Carlos Pare y se llevaba toda la administración financiera y contable, y otra en Madrid, donde se centralizaba la actividad de las comercializadoras fraudulentas y la captación de clientes mediante teleoperadores. Un tercer centro, también radicado en la capital catalana se dedicaba a labores de asesoría y apoyo en temas jurídicos y contables. La cifra de vendedores de electricidad llega a 450 y colapsa a los supervisores. La empresa a través de la que se articulaba el fraude se llama Fix-Control Rate. A lo largo de la investigación, los agentes descubrieron que, además del fraude, Hacienda la investigaba por un presunto delito fiscal. El asunto viene de atrás. En 2016, el ministerio de Energía inhabilitó a un puñado de empresas: Luci Mundi Energía, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía, Zero Electrum y Electro Soporte Comercial y Gestión. Según explicó entonces REE a la CNMC, las comercializadoras habrían incumplido la normativa eléctrica que les exige “comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes, para lo cual, deben aportar las garantías que se establezcan”.





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